Por Jesús Ibarra Cárdenas
Profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos
¿Qué Derecho Constitucional corresponde enseñar después de las reformas de 2024, cuando la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) proclama una “justicia pluricultural”, en un entorno de polarización, posverdad y desconfianza generalizada en las instituciones de justicia?
La pregunta adquiere mayor relevancia si se considera que, en la sesión de arranque de la Duodécima Época, la propia Corte invitó a las universidades a reformar sus planes de estudio para alinearlos a una justicia cercana al pueblo. La paradoja se encuentra en que la justicia pluricultural que se invoca necesita poderes constitucionales fuertes, justo donde la reforma de 2024 dejó fragilidades. Si la SCJN genuinamente busca cercanía con los más desfavorecidos, tendrá que demostrarlo en cuatro frentes.
1) Arbitrariedad. La prueba es la prisión preventiva oficiosa: decidir si el control de convencionalidad prevalece frente al artículo 19 constitucional. En esta definición se juega la arquitectura de los derechos humanos en nuestro orden jurídico.
2) Libertad y autonomía. En 2027 todo el país operará bajo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin Salas y con un Pleno que concentra agenda y tiempos, la Corte debe fijar estándares robustos para niñez, mujeres, personas mayores y con discapacidad.
3) Derechos políticos. La elección judicial de 2025 quedó marcada por los “acordeones” o guías de voto. Sacudirse la etiqueta de “Corte del acordeón”, requiere distancia de cualquier sesgo partidista y de parcialidad.
4) Exclusión social. La justicia pluricultural se verifica con derechos exigibles: vivienda, salud, educación, agua y no discriminación con enfoque interseccional, siguiendo estándares interamericanos (DESCA), con cumplimiento verificable.
Lo anterior demanda una Corte fuerte que legitime su discurso con decisiones garantistas, aunque resulten incómodas para los gobiernos. Desde el aula, el constitucionalismo que enseñamos debe formar juristas bien preparados pero, sobre todo, comprometidos con una sociedad más justa y humana.
Sobre el autor
Jesús Ibarra Cárdenas es académico con una línea de investigación en Derecho y Transformación Social. Cuenta con un doctorado en Derecho Público y Método Jurídico por la Universidad de Alicante, España. Es columnista del periódico Mural e integrante del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
