José Bautista Farías
Profesor jubilado del ITESO
El 5 de febrero de 2024 el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales, sobre una diversidad de materias, entre ellas, la desaparición de siete organismos autónomos: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
El 23 de agosto de este año, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que plantea la extinción de los citados organismos, al señalar que sus funciones pasarán a formar parte de dependencias del Poder Ejecutivo y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y que los ahorros que se generen se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Si bien algunos de estos organismos son desconocidos para la mayoría de las personas, conviene hacer una breve revisión sobre qué son los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA), cuáles son sus funciones, quienes, y cómo se integran, cuál es su presupuesto y sobre todo cuál es su relevancia social y quién se beneficia más con su posible desaparición.
¿Qué son los Organismos Constitucionales Autónomos (OCA)?
Los llamados OCA son instituciones públicas que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, sus decisiones, funciones y administración son independientes de los poderes del estado, ejercen funciones de promoción y defensa de diversos derechos ciudadanos, por lo que requieren de una cierta especialización en su campo para un mayor beneficio de la sociedad.
Los antecedentes de los OCA en México, los tenemos en algunas universidades y en el Banco de México (BM). Por ejemplo, en 1945 entró en vigor la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el BM adquirió su autonomía constitucional en 1994 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 1999.
Estos son los siete organismos constitucionales autónomos en riesgo de desaparecer:
1. Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
- Se creó el 10 de septiembre de 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
- Sus funciones son evitar y sancionar la existencia de monopolios en los sectores productivos (excepto telecomunicaciones) y establecer mecanismos para la libre competencia.
- Su presupuesto de 2024 fue de $92 millones de pesos.
2. Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Se creó el 10 de septiembre de 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
- Sus funciones son regular el mercado de radiodifusión y telecomunicaciones para eliminar barreras de competencia y libre concurrencia.
- Su presupuesto de 2024 fue de $1,680 millones de pesos.
3. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
- Se creó el 25 de octubre de 2002, durante el gobierno de Vicente Fox.
- Sus funciones son garantizar el derecho a la información y protección de datos personales, así como promover la cultura de transparencia y rendición de cuentas.
- Su presupuesto de 2024 fue de $1,168 millones de pesos.
4. Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval)
- Se creó en agosto de 2005, durante el gobierno de Vicente Fox.
- Sus funciones son medir la pobreza y evaluar programas y políticas de desarrollo social para mejorar sus resultados.
- Su presupuesto de 2024 fue de $9 millones de pesos.
5. Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Se creó el 4 de abril de 1993, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
- Sus funciones son supervisar actividades relacionadas con permisos de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural y gas licuado de petróleo.
- Su presupuesto de 2024 fue de $285.5 millones de pesos.
6. Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
- Se creó el 28 de noviembre de 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón.
- Sus funciones son regular la exploración y extracción de hidrocarburos para fomentar inversión y crecimiento económico.
- Su presupuesto de 2024 fue de $247.5 millones de pesos.
7. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
- Se creó el 1 de octubre de 2019, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
- Sus funciones son impulsar la mejora continua de la educación básica, media superior, inclusiva y de adultos, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes.
- Su presupuesto de 2024 fue de $665 mil pesos.
El total del presupuesto asignado en 2024 para los Organismos Constitucionales Autónomos fue de $3 mil 482 millones de pesos.
¿Quiénes y como se integran las direcciones de los Organismos Constitucionales Autónomos?
Los Consejos Directivos de los OCA están conformados por siete comisionados ciudadanos (con excepción de MEJOREDU que está integrada por cinco y en el caso del CONEVAL su consejo lo componen un secretario ejecutivo y seis consejeros). Por lo general, las designaciones de estos cargos son propuestos por el presidente y son aprobados por los Senadores, a excepción de la Cofece en donde son presentados por un comité de evaluación que revisa a los aspirantes, los envía al presidente para su visto bueno y posteriormente el Senado los aprueba.
Las designaciones de estos consejos se dan previo acuerdo y negociación con los partidos representados en el Senado y el presidente. Esto significa que llegan a estos cargos personas ligadas a los intereses de estos actores, lo que tiende a “politizar” el proceso de estos nombramientos.
¿A quién favorece la desaparición de los Organismos Constitucionales Autónomos?
Si tomamos en cuenta que las decisiones que toman los consejeros no están subordinadas a los poderes establecidos y que en varias ocasiones estas incomodan a los gobernantes, el mayor beneficiario de la extinción de los OCA sería el Ejecutivo Federal por varias razones:
- Anularía los contrapesos que ejerce la sociedad civil frente al gobierno.
- El gobierno podría ser juez y parte en los casos de controversia y conflicto que puedan presentarse, por ejemplo: en los casos de ocultamiento de información, de corrupción y de violación a los derechos humanos, entre otros.
- El gobierno obtendría más influencia y control en los organismos que combaten la corrupción (el INAI forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción), regulan la economía (la Cofece interviene en la competencia económica y desalienta los monopolios) y evalúan las políticas sociales de combate a la pobreza (como el Coneval), entre otros.
- El gobierno dispondría de más recursos para sus programas sociales y mayores posibilidades de hacer un uso clientelar de estos, como lo han hecho en el pasado y en el presente.
- El gobierno concentraría más poder y control en las materias que atienden los OCA, porque asumiría sus funciones y recursos desde una perspectiva vinculada a sus necesidades e intereses políticos.
Por todo lo anterior, el mayor beneficiario de la desaparición de los OCA sería el Ejecutivo Federal, ya que es de esperarse que cuando entren en conflicto los intereses de las y los ciudadanos con el gobierno, las decisiones tenderán a favorecer a este último. Además, si tomamos en cuenta el conocimiento técnico y la información especializada que manejan los OCA sobre sus diversos campos de acción, todo esto podría perderse o mínimo ignorarse cuando así convenga a los intereses de las autoridades. La sociedad estaría en clara desventaja frente al gobierno cuando solicite información sobre temas sensibles, lo que representaría un retroceso en el ejercicio de sus derechos.
Para saber más
López Ayllón, S., et al. (2024). Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la república. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/15/7483/40.pdf
