La Constitución establece que el agua y el saneamiento son derechos humanos, a pesar de esto, en el Área Metropolitana de Guadalajara más de 380 mil personas no tienen agua en sus hogares. Según datos recientes presentados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sólo 58% de la población tiene acceso diario al agua en su domicilio y cuenta con saneamiento básico.
En 2012, a partir de la reforma al artículo 4to, México reconoció en su Constitución el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Esta reforma obliga al legislativo a emitir una Ley General de Aguas que, diez años después sigue sin existir.
En enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conminó al Congreso de la Unión a emitir la Ley General de Aguas (LGA) durante su próximo periodo ordinario de sesiones, el cual inició el 1 de febrero y termina el próximo 30 de abril.
Bajo la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN), emitida en 1992, México sufre una grave inequidad en el acceso al agua. La contaminación, el acaparamiento y la sobrexplotación campean en su gestión actual.
La LAN reglamenta el uso del agua para la iniciativa privada en sus actividades económicas y asegura las asignaciones para el uso público, lo que ha impedido sacar adelante una nueva ley, la cual debe asegurar el acceso universal como derecho humano al agua potable y al saneamiento.
Miguel Ángel Montoya, especialista en gestión integral del agua, considera que «la LAN tiene que abrir espacio a otra ley que cumpla con el mandato constitucional y que genere las condiciones para la realización de este derecho humano». El especialista subraya la importancia de que la nueva ley incorpore una perspectiva de derechos humanos, en lugar de poner al centro de la política pública a diversos actores —sobre todo privados — y considere al agua como objeto de mercado. «Aquí se enfrentan los derechos colectivos contra los derechos corporativos», reconoce Miguel Ángel.
Pero ¿por qué a diez años de promulgada esta reforma, aún está pendiente este derecho humano? En palabras de Mario López, investigador del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social (Cifovis) y experto en temas de agua, existen «tensiones» que impiden el avance.
«Hay una pugna entre dos visiones de lo que debe ser la política del agua en México», explica. La primera es una visión de continuidad atada a un modelo que concentra el agua en unas cuantas manos y «los grupos que se han beneficiado de este modelo pugnan por su conservación. Esto permite que las grandes industrias concentren el agua y despojen a otros usuarios, y luego contaminen la fuente hasta que sea inutilizable y haya un problema de escasez», advierte el investigador.
Gracias a la movilización de grupos académicos se ha podido incidir a través de pronunciamientos muy claros. El ITESO fue parte fundamental para impedir que proyectos que continuarían con este esquema de beneficios lograran pasar; como el de la Ley Korenfeld o la Ley Pichardo.
Mario López considera que la Ley General de Aguas «debe tener una perspectiva sustentable que dote de herramientas jurídicas y políticas a los afectados ambientales, a quienes trabajan por la defensa de ríos y lagos, así como a las comunidades que tienen una gestión comunitaria del agua. Debe dotar también de un marco que le de fuerza a los movimientos en defensa del agua y que se piense al agua como sustento de los ecosistemas».
Ambos expertos hacen énfasis en modelos sustentables que cambien el paradigma. Esto implica la introducción del ciclo del agua, de una visión más integral de lo que significa el líquido vital para la vida misma.
Mario reconoce que la comunicación pública hacia la concientización ha sido complicada, «solo cuando hay escasez la ciudadanía reacciona, pero este debate es fundamental para la vida humana de los mexicanos y mexicanas. Al final, el ciclo del agua y el ciclo de la vida humana son una sola cosa. Lo que le hacemos al agua nos lo hacemos a nosotros», concluye el académico.
