De 2013 a 2019, Jessica Cárdenas acompañó a personas en contexto de movilidad humana al sur del país. Fue coordinadora de albergues, uno de ellos Hermanos en el Camino en Oaxaca, fundado en 2007 con el objetivo de asistir a migrantes en su camino a los Estados Unidos. Tras años como activista, tuvo que parar su labor por el hostigamiento de autoridades federales.
«Había tenido riesgos antes, pero fue entonces que me di cuenta de que corría riesgo gracias al gobierno federal, quién también es responsable de manejar el mecanismo de protección. Yo no me sentí protegida», relata en entrevista para Saber ITESO.
Resguardada por sus compañeros, Jessica no fue detenida. Sin embargo, sus dos colegas que también fueron acusados terminaron en la cárcel, pero gracias al apoyo de otras organizaciones defensoras de derechos humanos fueron puestos en libertad al poco tiempo. A pesar de no haber sufrido una detención, ella se sintió vulnerable, «en la sombra», describe.
Alrededor del 45% de las agresiones a defensores de los derechos humanos son por parte del gobierno, mencionó Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos durante la firma de un convenio para la implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Michoacán.
A partir de esta vivencia, Jessica decidió entrar a la Maestría en Derechos Humanos y Paz y desarrollar su tesis —conocido como Trabajo de Obtención de Grado— sobre La desprotección en México de las defensoras y defensores de derechos humanos de personas en contexto de migración irregular en México. Su objetivo es la búsqueda de un mecanismo de protección confiable, integral y que contenga una perspectiva de género.
En su experiencia, mujeres activistas y defensoras no sólo se enfrentan a las violencias del Estado, sino que deben lidiar con prácticas machistas en su día a día. Desde su labor cuando su trabajo no es reconocido o incluso sufrir acoso por parte de las personas que acompañan. «No podemos dejar a un lado que el machismo existe, el cual no está relacionado con las personas en contexto de movilidad, sino que obedece a un sistema patriarcal», afirma.
Jessica ha estudiado y profundizado en los marcos legales existentes relacionados con protocolos de protección para activistas y defensores a escala internacional como local. Señala que el tema de la migración es complejo, ya que siempre se encuentra en constante transformación por el contexto global e igualmente influido por los cambios locales. Todo esto con la intención de contrastar los modelos y así implementar prácticas exitosas que puedan garantizar la seguridad de quienes protege.
Ha entrevistado a defensores que cuentan con el mecanismo de protección, a aquellos que no cuentan con él y a personas que han acompañado a otros defensores que sí están inscritos.
Hasta ahora, los defensores que han sido violentados también recurren al apoyo de redes de amistades y familia, así como organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo con Amnistía Internacional, los tipos de agresiones a activistas y defensores son: intentos de descalificación, encarcelamiento, amenazas a los familiares y amigos, tortura y asesinato.
Tan sólo en 2021 fueron asesinados 25 defensores de derechos humanos en México. Aproximadamente el 93% de los crímenes quedaron impunes. «Las y los defensores de derechos visibilizan lo que el gobierno no quiere que se expongan. Aspectos de un estado fallido en donde se vulneran los derechos humanos, demostrando que sus discursos no son verdaderos», enfatiza la estudiante de posgrado.
Consulta más información de la Maestría en Derechos Humanos y Paz y su convocatoria Otoño 2022.
