Elizabeth Prado
Académica del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO
El 20 de enero, el día que Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, firmó la orden ejecutiva número 14157, la cual designa como terroristas a ciertos cárteles de las drogas. Un mes después, el Departamento de Estado emitió la declaración que identifica a ocho cárteles, seis de ellos mexicanos, como organizaciones terroristas extranjeras y terroristas globales especialmente designados. Presionado por el gobierno estadounidense, días después Canadá emitió una declaración en el mismo sentido. Pero ¿qué se busca con esta designación?, ¿cuál es su alcance y qué riesgos conlleva?
Aquí intentaremos aportar elementos para responder a estas interrogantes y analizar las potenciales consecuencias para México:
A grandes rasgos, esta declaración busca intensificar y endurecer la lucha contra el tráfico de drogas hacia Estados Unidos en el contexto de la llamada “crisis del fentanilo”, la cual juega un papel central para la administración Trump y se ha convertido en una de sus herramientas políticas más poderosas. De acuerdo con cifras oficiales de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), cada año mueren en Estados Unidos más de 107 mil personas por sobredosis, y casi 75 mil de ellas son causadas por fentanilo. Si bien estos números revelan la seriedad del problema, están muy por debajo de las 300 mil muertes que Trump ha mencionado, lo que sugiere una sobredimensión de la problemática que sustenta su orden ejecutiva.
Pero más allá de las cifras y su encuadre político, para Estados Unidos, los cárteles son una amenaza, y esta designación busca proteger a la nación, al pueblo estadounidense y al hemisferio; poner fin a las campañas de violencia y terror de estos despiadados grupos, tanto en ese país como a escala internacional; y dotar a las fuerzas del orden de herramientas adicionales para detenerlos.
Declarar a los cárteles como terroristas abre la puerta a nuevas pautas de actuación, recursos y atribuciones para luchar contra ellos, lo cual tiene implicaciones tanto simbólicas como prácticas. En el ámbito simbólico, eleva el grado de peligrosidad y urgencia de combatir a estos grupos criminales por considerar que constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, justificando así acciones unilaterales, tales como operaciones policiales y militares de mayor alcance, incluso extraterritorialmente.
Aunque hasta ahora, la declaratoria de Estados Unidos y Canadá es unilateral y no ha resonado en el ámbito internacional, la hegemonía estadounidense puede presionar a distintos países para alcanzar acuerdos y estrategias de mayor alcance contra estos grupos criminales. Pero la transición de los cárteles a organizaciones terroristas no es una cuestión menor. En el ámbito jurídico internacional no existe una definición universal de terrorismo, pero tradicionalmente se le asocia con el uso de la violencia con fines políticos, como un medio empleado por grupos radicales o extremistas para detonar un cambio o manifestar una postura política, pero ¿tienen los cárteles un fin distinto al de obtener ganancias económicas? Todo indica que no.
En términos prácticos, el gobierno de Estados Unidos tiene atribuciones legales para decidir quiénes son terroristas y ampliar la fuerza y el alcance de las acciones contra ellos, los recursos y medios para combatirlos y las medidas regulatorias aplicables a estas organizaciones. Todo esto hace viable para Trump cumplir con su promesa de campaña de ordenar al Pentágono el uso de fuerzas especiales, guerra cibernética y otras acciones encubiertas y manifiestas para infligir el máximo daño al liderazgo, infraestructura y operaciones de estas organizaciones.
Los riesgos asociados al combate del terrorismo internacional van desde sanciones económicas y comerciales hasta intervenciones militares, como en Afganistán. Dado que México alberga a los Cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, al Cártel del Noroeste, al del Golfo y a la Nueva Familia Michoacana, hoy considerados terroristas, ¿esta propenso a una incursión militar?
Con una frontera de más de 3 mil kilómetros con Estados Unidos, una intervención a gran escala en México es muy poco probable, pero no es descabellado pensar en la posibilidad de ataques dirigidos a objetivos concretos. Algunos de estos cárteles están entre los principales productores y en los últimos años han proliferado en México laboratorios clandestinos en donde se procesan los precursores químicos provenientes de China para producir fentanilo. Estados Unidos ya colabora con México para detectar actividades de estos cárteles usando drones, y podría hacer incursiones armadas controladas estratégicas.
Además, están los riesgos de efectos colaterales por incumplir la restricción de transacciones con los cárteles, lo que tendría consecuencias negativas para extranjeros, residentes y ciudadanos estadounidenses acusados de mantener vínculos o brindar algún tipo de apoyo material a los cárteles y enfrentar sanciones administrativas, financieras y hasta penales.
Para México, los riesgos de la designación son mayores, y potencialmente muy negativos, lo que podría tensar las relaciones bilaterales ante una creciente injerencia. Entre los más importantes se encuentran tres. El primero es la posibilidad de un ataque de Estados Unidos que, aunque fuera controlado, con drones y contra objetivos concretos, violaría la soberanía nacional. Ante esa posibilidad, la presidenta respondió con una reforma constitucional que blinda la soberanía nacional endureciendo las sanciones contra quienes faciliten el tráfico de armas hacia México, y proponiendo un nuevo texto para el artículo 40 en que se rechaza cualquier acto extranjero “que sea lesivo para la integridad, independencia y soberanía de la nación”.
El segundo, y quizá mucho más serio, se relaciona con la profunda penetración del narco en las estructuras económicas, sociales y políticas en los tres órdenes de gobierno, los partidos políticos, etc. que pone en riesgos a quienes directa o indirectamente, con conocimiento o sin él, estén vinculados con los cárteles considerados terroristas. Si Estados Unidos optara por la aplicación implacable de las nuevas reglas contra los terroristas, el efecto podría ser desestabilizador.
La diversificación de actividades criminales incluye el tráfico de personas, uno de los negocios más redituables, lo que supone riesgos de sanciones severas también para migrantes que pagan a personas vinculadas a estos cárteles para ser transportadas y cruzar a Estados Unidos.
Sin embargo, la medida pone en la mira la producción, y parece dejar de lado la distribución. Este tema está prácticamente ausente de la narrativa de Trump, quien refiere a cómo llega el fentanilo a los consumidores estadounidenses y si las redes de distribución en ese país también constituyen cárteles. Puede pensarse que esta aproximación parcial al problema podría limitar el alcance de sus resultados.
Para saber más
Centers for Disease Control and Prevention. (2024, mayo 15). U.S. overdose deaths decrease in 2023, first time since 2018. National Center for Health Statistics. Disponible en: https://www.cdc.gov/nchs/pressroom/nchs_press_releases/2024/20240515.htm
Departamento de Estado de EE. UU. (2025, febrero 20). Designación de cárteles internacionales como terroristas. Disponible en: https://www.state.gov/translations/spanish/designacion-de-carteles-internacionales-como-terroristas
El Economista. (2025, febrero 22). ¿Cárteles de la droga terroristas? Claves para entender el decreto de Trump y la reacción de México. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/claves-entender-designacion-trump-carteles-terroristas-reaccion-mexico-20250222-747513.html
The New York Times. (2025, febrero 18). CIA expands drone flights over Mexico to locate cartels. Disponible en: https://www.newsnationnow.com/us-news/immigration/border-coverage/cartels/cia-expands-drone-flights-mexico-locate-cartels-report/
Sobre la autora de esta nota
Ruth Elizabeth Prado Pérez es Internacionalista con Maestría en Estudios Diplomáticos por la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero. Continuó su formación académica en Reino Unido, en la Universidad de Essex, en donde obtuvo el grado de Maestría en Relaciones Internacionales y Doctorado en Gobierno. En 2015 Realizó una estancia de investigación posdoctoral en Boston College en Estados Unidos.
Desde 2008 es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.
