ETIUS, Observatorio de comunicación y cultura del Departamento de Estudios Socioculturales, publicó recientemente el informe Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco 2020, desde el que aporta una mirada crítica al manejo de la información durante la pandemia y de cómo estas decisiones afectaron el derecho a la información de los jaliscienses.
Organizado en cinco secciones, dentro del primer apartado Covid, medios de comunicación, periodismo y transparencia se integra el trabajo del académico José Bautista, quien ahonda en la situación del derecho a la información, transparencia y actuación del gobierno estatal durante la pandemia. En el capítulo «Transparencia y covid-19 en Jalisco», el académico del CIFOVIS evalúa de manera crítica las reacciones del Gobierno del Estado, a partir de una recuperación de trabajos publicados por la Universidad de Guadalajara, CIDE y diversas organizaciones civiles.
«Me avoqué a revisar qué pasó con el derecho a la información durante la etapa más crítica de la pandemia en Jalisco», mencionó el académico quien, tras revisar algunos estudios, concluyó que ciertos derechos ciudadanos fueron afectados por el cierre de algunas dependencias públicas. «Por ejemplo, el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) estuvo cerrado y muchas de sus actividades se suspendieron», agregó.
A través del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), José Bautista analizó las acciones emprendidas por el gobierno estatal, tales como la creación de un micrositio para comunicar y concentrar la información. Esfuerzo que, en palabras del investigador, resultó «muy accesible y con información más o menos actualizada». No obstante, Bautista menciona que hacían falta muchos comprobantes de gastos, asunto que se atendió posteriormente.
Con el Congreso del Estado de Jalisco la historia es diferente. CIMTRA hizo una evaluación para ver de qué manera el Congreso estaba facilitando el trabajo de los diferentes organismos relacionados con el sector salud, dado que el Congreso es encargado de fiscalizar la buena aplicación de los recursos y aprobar lineamientos para el manejo de la información. «El Congreso sí salió con una calificación baja respecto a su intervención en materia del COVID por asuntos de rezago. Hicimos un comparativo a nivel nacional y descubrimos que el único Congreso que estaba haciendo auditorías en tiempo real sobre el manejo de los recursos fue el de Sonora», afirmó el investigador.
El capítulo introductorio del texto menciona que la cobertura de la pandemia estuvo dominada por actores y fuentes oficiales, mas no por académicos y científicos. Bautista considera que la razón de esto fue la «intención de centralizar la información y las decisiones entorno a la pandemia». Dentro del escenario nacional, fue el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la figura protagonista, mientras que en lo local fue el Gobernador, Enrique Alfaro, quien ganó mayor visibilidad que el secretario o representantes de las instituciones de salud, enfatizó el investigador.
Otra de las conclusiones a las que se llegó fue la intención por diferenciar el trabajo del gobierno federal y lo realizado por gobiernos estatales. A partir de esto Bautista señala que, «sí hubo un manejo político tanto de las cifras como de la situación». Para el académico es importante subrayar que en tiempos de crisis se recomienda que la información esté concentrada por los organismos técnicos que saben del tema, ya que los inconvenientes surgen cuando son los actores políticos y no los especialistas quienes ejercen esta centralización.
En términos generales, el informe reconoce que el gobierno de Jalisco se anticipó de manera proactiva a los acontecimientos y adoptó una actitud receptiva ante las propuestas de sociedades civiles. Aunque una de sus grandes críticas está dirigida hacia lo precipitado de sus decisiones para implementar acciones concretas y adecuadas.
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