La pobreza menstrual, definida como la falta de acceso a productos, educación, infraestructura y recursos necesarios para una gestión menstrual digna, continúa siendo un problema generalizado que afecta a mujeres y personas menstruantes en México. De acuerdo con Roxana Domínguez, maestra en Derechos Humanos y Paz, este fenómeno no solo refleja una carencia material, sino que también está profundamente influido por barreras culturales, simbólicas y económicas.
“Va más allá de los insumos, también está el desconocimiento sobre nuestros cuerpos, la falta de educación y la ausencia de infraestructura adecuada, tanto en espacios públicos como privados”, afirma la también profesora de Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, quien desarrolló su tesis de maestría sobre la pobreza menstrual desde una perspectiva de derechos humanos. “Esta combinación de factores crea una situación de exclusión que limita la plena participación de las mujeres y personas menstruantes en la sociedad”, apunta.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reveló, con base en la Encuesta Nacional de Gestión Menstrual 2022, realizada junto con Essity —empresa de higiene y salud— y la colectiva Menstruación Digna México, que el 31% de quienes usan toallas desechables enfrentan dificultades para comprarlas.
Además de las dificultades económicas, la problemática se intensifica porque, según el INEGI, solo el 52.3% de la población del país tiene acceso constante a agua potable. Esto se agrava aún más por la falta de baños públicos e infraestructura adecuada.
Más allá de lo económico
Aunque la eliminación del impuesto a productos de gestión menstrual en 2021 fue un paso significativo, no ha resuelto el problema de fondo. “Hay mujeres en pobreza extrema para quienes, incluso sin impuestos, el costo sigue siendo inaccesible. Además, no existen programas públicos de salud que aborden el tema de manera integral”, señala Domínguez.
Además, señala que la pobreza menstrual está profundamente ligada a la pobreza general, ya que las personas en mayor vulnerabilidad son quienes más la padecen. En muchos casos, la falta de recursos para adquirir productos menstruales obliga a tomar decisiones difíciles, como elegir entre comprar comida o toallas sanitarias y tampones. Esta situación afecta especialmente a las jóvenes, quienes enfrentan una doble discriminación: por su pobreza y por su menstruación, agravada por la falta de recursos y conocimiento.
De acuerdo con la profesora del ITESO, la pobreza menstrual está profundamente entrelazada con el estigma social que rodea a la menstruación. Domínguez destaca que esta barrera cultural no solo dificulta el acceso a recursos, sino que también perpetúa el silencio y la vergüenza alrededor del tema: “El estigma refuerza la idea de que la menstruación es algo antihigiénico y privado, lo que lleva a que muchas mujeres se sientan culpables o avergonzadas de hablar sobre ello”, comenta.
La responsabilidad de gestionar la menstruación a menudo se individualiza, como si fuera un problema exclusivo de las personas menstruantes, al ignorar que es una necesidad biológica que debería atenderse de manera colectiva y estructural.
La pobreza menstrual y su impacto en la salud y la educación
Las consecuencias de la pobreza menstrual se extienden más allá de lo físico y afectan áreas cruciales como la educación y el empleo. En muchos casos, las personas que padecen pobreza menstrual se ven obligadas a faltar a la escuela o al trabajo, lo que afecta su desarrollo académico y profesional. Según estudios de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se sabe que 42% de las niñas y adolescentes han faltado alguna vez a clases por su menstruación. El 20% de ellas se queda en casa por la falta de productos menstruales, por miedo a mancharse la ropa o a que los demás se den cuenta que están menstruando, lo que contribuye a la exclusión social y al bajo rendimiento académico.
El acceso a productos menstruales debería ser un derecho básico, sin embargo, no sucede así. En países como México, donde la pobreza menstrual es una realidad palpable, es fundamental que las políticas públicas se orienten a garantizar el acceso universal a estos productos.
La especialista en derechos humanos enfatiza la importancia de integrar la educación menstrual en los programas educativos para combatir los prejuicios sociales y promover una mayor conciencia sobre la importancia de los derechos de las personas menstruantes.
Además, la problemática debe abordarse desde una perspectiva interseccional. Factores como la raza, la etnia, el género y el nivel socioeconómico se entrelazan para crear vulnerabilidades únicas. Además, es fundamental incluir en el debate a las personas no binarias y hombres trans que también menstrúan.
El camino hacia la equidad
Frente a este panorama, diversas organizaciones y movimientos trabajan para erradicar la pobreza menstrual. Un ejemplo de esto sucedió en 2021 en Michoacán donde se aprobaron modificaciones a la Ley de Educación para distribuir de manera gratuita toallas sanitarias y tampones a personas menstruantes en escuelas públicas de la entidad, lo que les asegura el acceso libre y gratuito.
Además, se ha promovido la creación de políticas públicas que favorezcan el acceso a estos productos, por ejemplo, la organización Menstruación Digna México han impulsado acciones para visibilizar la pobreza menstrual y fomentar la educación sobre la menstruación como un tema de derechos humanos y salud pública.
La pobreza menstrual trasciende de ser un problema sanitario para convertirse en una cuestión de justicia social y derechos humanos. Garantizar que todas las personas menstruantes tengan acceso a productos menstruales adecuados, educación y recursos esenciales no solo dignifica su experiencia, sino que también contribuye a cerrar brechas de desigualdad que afectan su salud, educación y calidad de vida.
Como señala Roxana Domínguez, enfrentar este desafío requiere un enfoque integral que involucre a la sociedad en su conjunto, desde la implementación de políticas públicas hasta la eliminación de los tabúes que perpetúan el estigma. Reconocer la menstruación como una necesidad natural y un derecho fundamental es el primer paso hacia una sociedad más equitativa, donde ninguna persona menstruante vea comprometidos sus derechos debido a su condición económica.
