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Por Laura Arellano, investigadora del Departamento de Psicología, Educación y Salud y Paulina Leonardo, estudiante de la Licenciatura en Nutrición
En México enfrentamos un problema agridulce que impacta la salud pública: el alto consumo de bebidas azucaradas industrializadas. En promedio, cada mexicano bebe cerca de 166 litros al año, lo que equivale a más de una lata diaria. Dicha situación se da en un entorno en el que estos productos son baratos, accesibles y fuertemente promocionados. Este patrón no es el resultado de decisiones individuales aisladas, sino de un sistema alimentario que favorece su consumo y desplaza opciones más saludables.
Frente a este contexto, y bajo recomendaciones de organismos de salud internacionales, en México en 2014 se implementó un impuesto de $1 peso por litro a las bebidas azucaradas como medida de política pública para desincentivar su consumo y disminuir la obesidad y diabetes en el país. La medida fue revisada y actualizada en 2025 bajo la aprobación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), donde el impuesto incrementó a los $3.08 pesos.
Su propósito no es “castigar” a las personas que las consumen, sino modificar las condiciones del entorno alimentario que hacen que su consumo sea incluso más sencillo que el del agua.
¿Funciona el impuesto?
La evidencia disponible en México demuestra que sí. Tras su implementación, se observó una reducción sostenida en la compra de bebidas azucaradas, especialmente en los hogares que antes la consumían en mayor cantidad. En términos prácticos, esto muestra que una política fiscal puede influir en los patrones de consumo a nivel poblacional.
Además, esta reducción no se compensó con un mayor consumo de refrescos más baratos. Por el contrario, ha aumentado la compra de alternativas sin impuesto, como el agua. Es decir, no solo se reduce el consumo de azúcar, sino que también se favorecen elecciones más saludables.
¿Qué significa esto en términos de salud?
El consumo frecuente de bebidas azucaradas está asociado con enfermedades como la diabetes tipo 2, padecimientos cardiovasculares, algunos tipos de cáncer e incluso afectaciones en la salud mental. Estas condiciones representan una parte importante de la carga de enfermedad en el país. De acuerdo con un estudio publicado en Nature, 1 de cada 3 casos de diabetes tipo 2, y 1 de cada 7 de enfermedades cardiovasculares en el país están relacionados con el consumo de bebidas azucaradas.
Reducir su consumo, incluso de forma moderada a nivel individual, puede traducirse en beneficios significativos cuando se analiza a escala poblacional. Por eso, el impuesto no busca eliminar el consumo, sino disminuir la exposición constante a productos que, en exceso, tienen efectos negativos, es decir, evitar que sea tan “fácil” elegir los refrescos por sobre otras bebidas más saludables.
México no está solo en esta iniciativa. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), más de 120 países en el mundo han adoptado impuestos similares y el 44% de ellos tienen tasas más altas que las de México. Un metaanálisis publicado en 2022, que analizó datos de 62 países, confirmó que los impuestos incrementan los precios, reducen en promedio 15% las ventas, promueven la reformulación de productos con menos azúcar y, lo más importante, no generan efectos negativos como desempleo o crisis económica.
Casos como Chile, el Reino Unido y Sudáfrica son considerados exitosos. En el Reino Unido, por ejemplo, más del 50% de las empresas reformularon sus bebidas para reducir el contenido de azúcar y evitar el impuesto. En América Latina, donde la OMS registra los mayores niveles de consumo de refrescos, esta política se ha convertido en una herramienta clave para proteger la salud de la población y disminuir los costos de la atención médica.
Uno de los argumentos más frecuentes en contra de estos impuestos es que afectan la economía de las familias o generan desempleo. Sin embargo, lo que se observa es un cambio en el destino del gasto: las personas continúan comprando bebidas, pero optan por otras opciones. Al mismo tiempo, las empresas tienden a adaptarse, diversificando su oferta o reformulando productos, sin que se registren pérdidas significativas de empleo.
En contraste, el verdadero costo económico se encuentra en la atención de enfermedades crónicas y la pérdida de productividad asociada a ellas. Desde esta perspectiva, el impuesto busca reducir un problema económico que ya existe.
¿Es suficiente el impuesto actual?
Aunque el impuesto en México ha mostrado efectos positivos, sigue siendo inferior a las recomendaciones internacionales. Organismos como la Organización Mundial de la Salud sugieren incrementos más altos y ajustes periódicos por la inflación para mantener su efectividad, por ejemplo, la OMS recomienda un aumento del 20% del precio final para alcanzar un impacto real, lo que equivaldrá a $5.00 pesos por litro. También se subraya la importancia de ajustar el impuesto anualmente a la inflación para mantener su efectividad.
También hay otra discusión importante: hoy el impuesto se cobra por litro, no por la cantidad de azúcar. Eso significa que bebidas con distintos niveles de azúcar pueden pagar lo mismo. Ajustarlo a cuánto azúcar tienen podría hacerlo más preciso. Es primordial garantizar que los recursos recaudados se destinen a fortalecer el sistema de salud y prevenir enfermedades, algo que no siempre está claramente asegurado.
Lo que casi no se discute
El debate no es si las personas deberían dejar de tomar refresco. El problema es otro: el entorno actual facilita su consumo excesivo y traslada sus consecuencias a la salud de la población, sin hacerse responsable de los daños.
Además, hay algo que casi no se dice. Las decisiones sobre cómo se diseñan y aplican estas políticas no ocurren en un vacío. La industria tiene una presencia fuerte en estos procesos, y eso influye en qué tan “bien” pueden aplicarse medidas como el impuesto.
El impuesto no resuelve todo. También importan aspectos como la regulación de la publicidad o el acceso universal al agua potable. Pero sí es una herramienta para empezar a equilibrar un sistema que hoy favorece el consumo de productos perjudiciales para la salud.
